Las armas y la votación

• Nuestras elecciones han sido objeto de amenazas e intimidación, justo cuando se observa una mayor proliferación de armas, una violencia armada más frecuente y una menor cantidad de protecciones legales.

• Aunque la mayoría de nuestras elecciones son pacíficas, urgen leyes que protejan al electorado y al personal que administra las elecciones de la violencia armada.

• Solo 12 estados y Washington, DC, prohíben la portación a la vista y oculta de armas de fuego en los sitios de votación.

Introducción

Durante los últimos 20 años, varios acontecimientos distintos han aumentado el riesgo de la violencia con armas en las elecciones de los Estados Unidos. Un giro marcado en la manera en que la Corte Suprema federal ahora aborda la Segunda Enmienda y el movimiento agresivo a favor de las armas se han traducido en una importante desregulación de las armas en algunos estados y, en otros, han puesto en tela de juicio la constitucionalidad de las fuertes reglamentaciones sobre la portación de armas.

Además, a medida que el sistema político lse vuelve más polarizado y proclive a la violencia, hay quienes en la clase política que divulgan información errónea sobre las reglas de votación para sembrar la desconfianza en nuestra democracia.

El resultado: nuestro proceso de votación y nuestras elecciones han sido objeto de amenazas e intimidación, justo cuando en toda la nación se observa una mayor proliferación de armas, una violencia armada más frecuente y una menor cantidad de protecciones legales. Esta es una combinación tóxica. Y, sin embargo, las leyes de la mayoría de los estados no protegen adecuadamente a su electorado ni al sistema electoral. 

Las elecciones de 2024 se llevarán a cabo en un contexto jurídico transformado. En la mayoría de los estados, muchas personas y numerosos grupos a favor de las armas han conseguido la desregulación de las armas de fuego en las legislaturas y la justicia. En 2010, solo dos estados permitían la portación oculta de armas en público sin permiso ni verificación de antecedentes. Hoy en día, son 27 los estados que permiten la portación sin permiso. Si bien otros estados han reforzado sus regulaciones sobre las armas durante el mismo período, la Corte Suprema ha amenazado esta capacidad de hacerlo.

El año pasado, en la causa New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, la Corte obligó a los seis estados que tienen las leyes de portación oculta de armas más estrictas del país, y a Washington, DC, a flexibilizar sus restriccionesⁱ y anunció una prueba totalmente nueva para evaluar la constitucionalidad de las reglamentaciones sobre las armas, lo cual ha creado una oleada de litigios. Los tribunales ya han dictado más de 450 decisiones donde analizan el dictamen de la causa Bruen en litigios contra leyes de regulación de armas basados en la Segunda Enmiendaⁱⁱ. 

En este contexto, las armas han proliferado. Los Estados Unidos ahora tienen más armas que habitantes. En 2020 y 2021, los disturbios sociales ocasionados por la pandemia, las protestas sin precedentes que se realizaron en torno a la justicia racial, las elecciones presidenciales y sus repercusiones han aumentado la compra de armas a niveles récord: se vendieron más de 42 millones de armas en tan solo esos dos años. Creció la violencia.

En comparación con los promedios históricos, en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, hubo un aumento del 15 por ciento en los incidentes relacionados con el uso de armas de fuego, del 34 por ciento en las heridas no fatales ocasionadas por armas de fuego y del 28 por ciento en las muertes producidas por armas de fuegoⁱⁱⁱ. Luego, en 2022, hubo un incremento marcado en la cantidad de solicitudes de permiso para portar armas en público en los estados directamente afectados por la decisión de la causa Bruen. En las primeras tres semanas que le siguieron a la publicación de este dictamen, las solicitudes en Maryland subieron un 700 por ciento en comparación con las recibidas el año anterior^iv. 

Mientras tanto, la democracia estadounidense ha estado enfrentando nuevas presiones alarmantes como consecuencia de un creciente movimiento negacionista de los resultados electorales. En 2020, los estados ampliaron la votación por correo y la votación anticipada debido a la pandemia del coronavirus. Con el objetivo de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el entonces presidente Donald Trump y sus aliados lanzaron campañas masivas de desinformación contra este mayor acceso a la votación y alegaron que las elecciones habían sido “manipuladas” y que las autoridades electorales habían cometido fraude.

Este movimiento negacionista de los resultados electorales creció tanto que ya no solo incumbía a Trump, sino que también afectó las elecciones estatales y locales, todo bajo la bandera de teorías conspirativas sobre la votación por correo, los buzones de devolución de boletas, las autoridades y trabajadores electorales y el conteo de votos. 

Desde su origen, las amenazas de violencia política marcaron este movimiento. Por supuesto que el ejemplo más prominente fue el ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero, incluso en las horas y los días que les siguieron a las elecciones de 2020, muchos manifestantes armados se reunieron fuera de los centros de conteo de votos. 

Y en los años siguientes, las autoridades y trabajadores electorales han recibido numerosos ataques, incluso un nivel preocupante de amenazas, entre ellas, amenazas de violencia armada. El electorado también ha enfrentado nuevas formas de intimidación, como la vigilancia armada en los buzones de devolución de boletas. 

Con más armas, polarización política y violencia, los estados necesitan leyes estrictas que limiten los riesgos. En la causa Bruen, la Corte Suprema reconoció que las prohibiciones sobre la portación de armas en “lugares sensibles” —y concretamente en “sitios de votación”— eran “presuntamente legítimas”. Sin embargo, hoy en día, solo 12 estados y Washington, DC, prohíben la portación a la vista y oculta de armas de fuego en los sitios de votación.

Resulta irónico que los estados que tienen las regulaciones más estrictas en cuanto a las armas —que habían restringido la capacidad de portar armas en público en general, en lugar de prohibir las armas en sitios determinados— hayan terminado siendo los más vulnerables después del fallo de la causa Bruen. De hecho, solo uno de los seis estados cuyas leyes fueron anuladas debido a esta decisión judicial prohibía específicamente la portación de armas en los sitios de votación al momento de la publicación del dictamen.

Esos estados que antes tenían estrictas leyes generales sobre la portación de armas ahora deben apresurarse para promulgar nuevas protecciones para las próximas elecciones. Y si bien algunos estados han prohibido las armas en los sitios de votación desde la decisión en la causa Bruen, aún queda muchísimo más por hacer.

Este informe evalúa los nuevos riesgos que representa la violencia armada durante las elecciones en los Estados Unidos y propone soluciones políticas para limitar esos riesgos. Las soluciones propuestas incluyen la prohibición de portar armas de fuego donde se lleven a cabo la votación o tareas de administración electoral, es decir, en el interior o las cercanías de los sitios de votación, los buzones de devolución de boletas, las oficinas de administración electoral y los centros de conteo de boletas.  

Además, los estados necesitan leyes más estrictas que prevengan la intimidación de votantes, de autoridades y trabajadores electorales y de cualquier otra persona que facilita la votación, con el expreso reconocimiento del rol que desempeñan las armas en cualquier acto de intimidación. 

Las elecciones en los Estados Unidos, en gran parte, siguen desarrollándose de forma pacífica. Para que sigan así, las legislaturas estatales deben mantener las armas alejadas de los procesos electorales.

Cambios recientes en las leyes de regulación de armas 

En 2008, en la causa District of Columbia v. Heller, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la Corte Suprema federal interpretó la Segunda Enmienda de la Constitución federal como instrumento que protege el derecho de todo ciudadano de poseer un arma corta funcional en su vivienda para defensa propia, sin ninguna relación con el servicio en una milicia^v.

Sin embargo, la Corte Suprema advirtió que “el derecho garantizado por la Segunda Enmienda no es ilimitado” e identificó una lista no exhaustiva de “medidas regulatorias presuntamente legítimas”, como “leyes que prohíban la portación de armas de fuego en sitios sensibles como escuelas y edificios gubernamentales”^vi. Dos años después de Heller, en otro caso, el de McDonald v. City of Chicago, la Corte dejó en claro que su dictamen en el caso anterior también se aplicaba a los gobiernos locales y estatales y afirmó que las protecciones de la Segunda Enmienda son “derechos fundamentales”^vii.

Las causas Heller y McDonald no establecieron una prueba para evaluar las disputas en contra de las leyes de regulación de armas. Por lo tanto, se dejó a criterio de los tribunales inferiores la tarea de determinar cómo aplicar estas decisiones judiciales y, así, diseñaron una prueba de dos pasos.

Primero, los tribunales debían determinar si la ley en disputa implicaba derechos protegidos por la Segunda Enmienda. En caso afirmativo, entonces, el tribunal evaluador analizaba hasta qué punto la ley restringía el ejercicio de ese derecho y comparaba, por un lado, el interés que tenía el estado en esa ley y, por el otro, esa restricción^viii. De esta manera, los tribunales inferiores acordaron por consenso aplicar esta prueba de dos pasos,^ix que, además, se parecía a las que ya se utilizan para evaluar disputas en torno a otros derechos constitucionales. 

Cuando los tribunales inferiores aplicaban esta prueba, la inmensa mayoría confirmaba las leyes de prevención de violencia armada. De hecho, las disputas en torno a la Segunda Enmienda entre 2008 y 2016 tuvieron éxito en tan solo 9 por ciento de las veces^x. 

La Corte Suprema restringe la regulación y crea incertidumbre

Sin embargo, el panorama constitucional en cuanto a las restricciones sobre las armas de fuego cambió el 23 de junio de 2022, cuando la Corte Suprema publicó su opinión en el caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen.  

La parte demandante había disputado una disposición de la ley de licenciamiento para la portación oculta de armas de 1911 del estado de Nueva York, que exigía a toda persona solicitante demostrar un “motivo justificado” —es decir, una importante necesidad de protección personal— para que se le conceda una licencia de portación de armas en público. 

En una decisión con 6 votos a favor y 3 en contra, redactada por el magistrado Clarence Thomas, la Corte Suprema sostuvo, por primera vez en la historia, que toda persona estadounidense tiene el derecho, garantizado por la Segunda Enmienda, de portar armas en público en defensa propia y que el estado no puede exigirle a la persona solicitante de un permiso de portación oculta que demuestre un motivo justificado como condición para obtener la licencia^xi.

Apenas unos pocos estados tenían disposiciones de motivo justificado en sus leyes de portación oculta de armas cuando se decidió la causa Bruen, pero esta decisión tuvo implicaciones mucho más amplias. La Corte afirmó que el derecho de poseer un arma para defensa propia en el hogar, consagrado en la causa Heller, también existe fuera del hogar. Además, rechazó el enfoque comparativo que habían seguido los tribunales inferiores durante más de diez años y lo reemplazó por un marco totalmente nuevo para decidir si las leyes de regulación de armas son constitucionales o no según la Segunda Enmienda. 

Los tribunales ya no pueden comparar el derecho individual de poseer un arma según las necesidades de seguridad pública. En su lugar, las restricciones sobre las armas ahora se consideran constitucionales o no solo si siguen “la historia y tradición”^xii. Esta nueva prueba anunciada en la causa Bruen le exige a un tribunal que evalúe si una ley en disputa restringe el derecho individual de poseer y portar armas garantizado por la Segunda Enmienda. En caso afirmativo, el tribunal debe determinar si la ley es análoga a otras restricciones históricas.

Aunque no queda claro cuáles son los puntos históricos de referencia que se deben utilizar para aplicar esta prueba —en el caso Bruen, la Corte evaluó leyes de 1700 y 1800—, el tribunal debe encontrar suficientes analogías históricas como para considerar que la ley es permisible según la Segunda Enmienda. El magistrado Thomas hizo hincapié en que los tribunales deben comparar “cómo y por qué” las regulaciones modernas y las históricas restringieron los derechos de la Segunda Enmienda para decidir si las regulaciones son “suficientemente análogas” para considerar una ley moderna constitucional^xiii. 

Hasta ahora, a un año del fallo, esta prueba ha generado una importante confusión en los tribunales y ha demostrado ser una herramienta complicada para determinar la constitucionalidad de las regulaciones modernas sobre la posesión y portación de armas. Los tribunales están aplicando la metodología del caso Bruen de varias maneras diferentes, lo cual se ha traducido en muchos dictámenes dispares y distintas interpretaciones de la Constitución^xiv.  

Varios tribunales que evaluaban las mismas leyes dictaron decisiones totalmente diferentes sobre su constitucionalidad^xv. Por ejemplo, un tribunal federal anuló una ley federal de 1968 que prohibía a menores de 21 años comprar armas cortas, mientras que otro tribunal federal usó la misma prueba y confirmó la ley^xvi. 

Otras leyes de prevención de violencia armada que se han venido aplicando desde hace décadas también han sido invalidadas por tribunales que aplicaron la prueba Bruen, entre ellas, una ley federal que les prohibía poseer armas a personas afectadas por órdenes de restricción en casos de violencia doméstica, una ley de Texas que prohibía a menores de 21 años portar armas en público y ciertas prohibiciones sobre fusiles de asalto^xvii. 

A pesar de la confusión que ha causado la causa Bruen cuando los tribunales deben evaluar disputas en torno a la Segunda Enmienda, su dictamen deja en claro que las leyes de regulación de armas referidas en el caso Heller que se han estado aplicando desde hace años, incluso leyes que prohíben la portación de armas en “sitios sensibles como escuelas y edificios gubernamentales”, siguen siendo presuntamente legítimas^xviii. 

 La Corte sostuvo que, aunque estas prohibiciones modernas sobre la portación de armas en sitios sensibles se extienden más allá de los sitios regulados en los siglos XVIII y XIX, “no veía ninguna disputa sobre la legalidad de dichas prohibiciones” porque una regulación moderna no debía ser “la viva imagen de sus precursoras históricas... para ser aceptadas como constitucionales”^xix.

La Corte también enumeró ejemplos específicos de sitios sensibles donde las armas estaban históricamente prohibidas: asambleas legislativas, sitios de votación y tribunales de justicia^xx. Dicho de otro modo, aun dentro de las regulaciones sobre “sitios sensibles”, que la Corte describió como constitucionalmente indiscutibles, las prohibiciones sobre la portación de armas en los sitios de votación son de las más sólidas. 

Hasta la fecha, ningún tribunal ha invalidado una prohibición de portación de armas en los sitios sensibles enumerados en los casos Heller y Bruen. 

Muchas legislaturas estatales favorecen la desregulación 

La doctrina de la Corte Suprema solo cuenta parte de esta historia. Durante las últimas dos décadas, muchas personas y grupos a favor de las armas han logrado flexibilizar las reglas en las legislaturas estatales de todo el país.  

Varios estados han ampliado considerablemente la cantidad de sitios donde se puede portar armas y revocado leyes muy favorecidas por el público que exigían la verificación de antecedentes y la obtención de permisos para comprar armas de fuego. Muchos estados también han aprobado leyes de defensa propia generales, y, así, han terminado desbaratando siglos de derecho consuetudinario, reglas y normas de nuestro sistema jurídico, y le han hecho más fácil evadir la justicia a cualquier persona que dispara a otra. 

Sin embargo, otros estados van en dirección opuesta y, en su lugar, limitan la portación de armas en público, expanden la verificación de antecedentes y prohíben las armas en sitios sensibles donde son especialmente peligrosas para la salud pública o para el ejercicio de otros derechos constitucionales. 

Muchos estados han ampliado considerablemente la portación de armas en público y eliminado la verificación de antecedentes. 

Hace unos 40 años, antes de la novedosa interpretación de la Corte Suprema de la Segunda Enmienda en el caso Heller, casi todos los estados prohibían o regulaban estrictamente la portación oculta de armas en público^xxi. Por lo tanto, era menos importante contar con restricciones específicas sobre la portación oculta en sitios de votación y otros sitios sensibles.

Sin embargo, desde entonces, muchos estados, coaccionados por los grupos de presión a favor de las armas, han debilitado sus leyes y permitido que más gente porte armas de fuego en público^xxii.

Entre 1980 y 2021, 36 estados dejaron de prohibir toda portación oculta en público o de tener requisitos estrictos de obtención de permisos y pasaron a eliminar o atenuar esos requisitos^xxiii. El último estado que seguía prohibiendo toda portación oculta, Illinois, fue obligado por la justicia a permitir esta práctica en 2013^xxiv. 

Estos cambios han tenido un efecto perjudicial sobre la seguridad pública: el estudio más riguroso y exhaustivo sobre las leyes de portación oculta determinó que los estados que han atenuado este tipo de leyes han tenido tasas de delitos violentos del 13 al 15 por ciento más altas al cabo de diez años que las que habrían tenido si no las hubieran atenuado. También tuvieron un aumento del 11 por ciento en homicidios con armas cortas^xxv. 

Durante los últimos 13 años, muchas personas y grupos a favor de las armas han presionado para derogar leyes que exigían obtener un permiso y una verificación de antecedentes —y, en algunos estados, un entrenamiento de seguridad— para portar un arma oculta en público. En 2009, solo Alaska y Vermont permitían la portación sin permiso^xxvi. Al mes de mayo de 2023, otros 25 estados han derogado sus leyes para permitir la portación de armas sin permiso^xxvii.

Desde que Texas adoptó la práctica de portación sin permiso en 2021, se ha observado un fuerte incremento en los arrestos por portación ilegal de armas en ese estado^xxviii. En 2023, Florida también revocó su ley de licenciamiento para la portación oculta de armas, que exigía la verificación de antecedentes para portar armas en público^xxix.

En el último año, entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, a más de 17,000 residentes de Florida se les negó, revocó o suspendió un permiso de portación oculta de armas por tener antecedentes que los descalificaban^xxx. La derogación de la ley de licenciamiento en Florida seguramente tendrá el mismo efecto que en Texas: habrá más personas portando armas en público sin cumplir con los requisitos correspondientes. 

La atenuación y eliminación de normas de licenciamiento y requisitos de verificación de antecedentes para la portación oculta de armas han resultado en un mayor número de personas que portan armas en público. En 2015, un estudio calculó que, en los Estados Unidos, había 3 millones de personas que portaban a diario un arma corta cargada; hacia 2019, la cifra se había más que duplicado^xxxi. 

Los ejemplos de Texas y Florida ilustran la importancia de tener requisitos de verificación de antecedentes para la compra y portación de armas de fuego en público. Si bien la ley federal exige la verificación de antecedentes de toda persona que compre un arma de vendedores de armas licenciados, este requisito no se impone cuando se la compra de vendedores privados o no licenciados^xxxii.

Al año 2023, solo 21 estados y Washington, DC, han resuelto este vacío legal sobre la venta privada de armas^xxxiii. (En el sentido contrario, Iowa revocó su ley de verificación de antecedentes para la venta privada de armas en 2021, y lo mismo hizo Carolina del Norte en 2023^xxxiv). De los 29 estados que permiten la compra de armas de vendedores privados o no licenciados sin verificación de antecedentes, 25 también permiten la portación sin permiso^xxxv. Dicho de otro modo, en la mitad de los estados, se puede comprar y portar un arma de fuego sin ningún tipo de verificación de antecedentes, permiso ni entrenamiento de seguridad.

La decisión del caso Bruen también generó un enorme aumento en el número de personas que solicitan licencias de portación oculta. Los seis estados (y Washington, DC) donde se revocaron las leyes representan en su conjunto el 25 por ciento de toda la población de los Estados Unidos. A las tres semanas del dictamen, uno de los estados, Maryland, tuvo un aumento del 700 por ciento en el número de solicitudes de permiso de portación oculta, en comparación con el mismo período del año anterior^xxxvi. Ciudades densamente pobladas, como Nueva York y San Francisco, también registraron aumentos parecidos en la cantidad de solicitudes^xxxvii.

Por otro lado, algunos de los estados más poblados del país están reforzando sus leyes de portación oculta y verificación de antecedentes. En los últimos años, California, Hawái, Nueva Jersey y Nueva York han ampliado los requisitos de entrenamiento de seguridad para la portación oculta^xxxviii. Washington y Nueva York aumentaron los requisitos para la portación oculta, e Illinois hizo más fácil revocarles los permisos a personas que dejan de cumplirlos^xxxix. 

Varios estados también han resuelto el vacío legal con respecto a la venta privada de armas para garantizar que las personas con antecedentes peligrosos no puedan comprar armas de fuego lícitamente. Desde 2014, ocho estados —Maryland, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Oregón, Virginia, Vermont y Washington— comenzaron a exigir la verificación de antecedentes en todas las compras de armas^xl. En 2023, Minnesota aprobó una ley que obliga obtener una verificación de antecedentes antes de comprar armas cortas y fusiles de asalto^xli.

Varios estados han desregulado la portación de armas en sitios sensibles. 

Al desregular la portación de armas en público en general, se hace cada vez más importante tener prohibiciones sobre la portación de armas en sitios sensibles.

Muchos estados, aun cuando no hayan prohibido las armas específicamente en sitios de votación, sí las han prohibido históricamente en muchos sitios donde se desarrollan o administran las elecciones, por ejemplo, en edificios gubernamentales, escuelas e iglesias, y ello ha reducido la probabilidad de tener actos de violencia armada durante las elecciones. 

Otra prioridad legislativa del movimiento a favor de las armas ha sido la aprobación de leyes que permitan la portación de armas en más espacios públicos bajo la teoría infundada de que la existencia de más armas mejora la seguridad pública^xlii. 

Durante los últimos 15 años, varios estados han comenzado a permitir la portación de armas en espacios públicos y privados que se suelen utilizar como sitios de votación, de administración electoral o de conteo de votos, como templos^xliii, edificios gubernamentales^xliv, campus universitarios^xlv y hasta escuelas primarias^xlvi. Algunas de estas leyes surgieron como una respuesta errada a los tiroteos masivos en escuelas. Pero, aun cuando las escuelas han sido lugar de varios tiroteos masivos de gran repercusión, estos espacios donde se restringe estrictamente la portación de armas han sido, por lo general, un refugio seguro y libre de violencia armada^xlvii. 

Muchas leyes que amplían los espacios públicos donde se permite la portación de armas también permiten la portación a la vista, es decir, la portación de un arma de fuego claramente visible. De hecho, muy pocos estados restringen toda portación de armas a la vista. Solo cuatro —California, Connecticut (a partir del 1 de octubre de 2023), Florida e Illinois— y Washington, DC, prohíben portar a la vista todo tipo de armas de fuego en público. Otros dos estados —Nueva York y Nueva Jersey— prohíben la portación a la vista de armas cortas^xlviii. Y seis estados requieren un permiso o una licencia para portar unaa arma corta a la vista. (Indiana revocó su ley en 2022 cuando el estado aprobó la portación de armas sin permiso^xlix). Seis estados regulan, pero no prohíben la portación a la vista de armas largas, como los fusiles tipo AR-15 y otros fusiles de asalto de estilo militar^l. 

La mayoría de los estados han aprobado leyes de defensa de posición “stand your ground”. 

La desregulación de armas ha dado como resultado una expansión no solo de los sitios donde se pueden portar armas, sino también de los momentos en que se las puede utilizar legalmente. Muchos estados han aprobado leyes de defensa de posición que se conocen en inglés como stand your ground (SYG) y que han ampliado considerablemente la capacidad de utilizar la fuerza letal durante un confrontamiento y, así, han distorsionado el principio jurídico de defensa propia que se ha aplicado durante siglos. 

El sistema jurídico de los Estados Unidos y el sistema jurídico inglés sobre el que se basa reconocen que la vivienda de una persona es su castillo y que la persona tiene ciertos derechos en su vivienda que no tiene en público. Por lo tanto, esta “doctrina del castillo” es el principio mediante el cual se reconoce que, si una persona es atacada en su propia casa, puede utilizar la fuerza letal para defenderse y proteger su casa, sin tener el deber de retirarse del conflicto, aun cuando sea seguro y posible retirarse. Sin embargo, fuera de su vivienda, donde hay gente presente, la persona debe retirarse del conflicto antes de recurrir a la fuerza letal si es posible y seguro hacerlo. 

Por primera vez en la historia del derecho estadounidense, en 2005, Florida eliminó este histórico deber de retirada antes de utilizar la fuerza letal en público. Desde entonces, otros 29 estados han seguido el ejemplo de Florida y permitido que más personas utilicen un arma en defensa propia en público^li. 

Algunos estados, como Texas, han ido aún más lejos, cuando ampliaron este tipo de leyes de defensa de posición stand your ground (SYG) y ahora permiten el uso de la fuerza letal en defensa de delitos contra la propiedad y contra una persona que huye^lii. Otros estados, como Florida, le han concedido inmunidad de arresto o de acciones judiciales a la persona que dispara un arma cuando afirma haber actuado en defensa propia^liii. 

Desde la adopción de las leyes de defensa SYG, ha habido numerosos casos de discusiones comunes que se convierten en tiroteos en lugares públicos. En Florida, un vigilante parapolicial persiguió a un adolescente negro que iba camino a su casa con una bolsita de Skittles en el bolsillo y, luego de matarlo, recurrió a esta ley de defensa SYG^liv.

También en Florida, le dispararon y mataron a un padre de familia en un cine después de un altercado sobre unos mensajes de texto que el hombre le enviaba a la persona que cuidaba a su niña pequeña. El autor del disparo fue absuelto de un cargo de homicidio al invocar la ley SYG en su defensa^lv. 

Las leyes de defensa SYG han contribuido a un aumento del 8 al 11 por ciento en la tasa mensual de homicidios con armas de fuego en todo el país, y los primeros estados en adoptar estas leyes, como Alabama y Florida, han tenido incrementos aún más significativos, del 33 y el 30 por ciento, respectivamente^lvi. 

Las leyes de defensa SYG también fomentan la violencia racista^lvii. Varios testimonios periciales que se presentaron ante la Comisión Federal sobre Derechos Civiles evaluaron datos del FBI en más de 2,600 casos de homicidio para determinar la probabilidad de justificar un disparo letal cuando un hombre civil dispara y mata a otro hombre^lviii. En los estados donde hay leyes de defensa SYG, se dictó que estos homicidios estaban justificados en el 45 por ciento de los casos en los que un hombre blanco dispara y mata a un hombre negro, pero solo en el 11 por ciento de los casos en los que un hombre negro dispara y mata a un hombre blanco^lix. 

A lo largo de los Estados Unidos, es mucho más probable que se dicte que un asesinato fue justificado cuando el autor del hecho es una persona blanca o cuando la víctima no lo es. Las leyes de defensa SYG han ampliado las desigualdades raciales profundas ya existentes en el sistema judicial. Entre 2005 y 2011, los homicidios de personas negras considerados justificados aumentaron más del doble en los estados que tienen leyes de defensa SYG, mientras que en el resto del país la misma tasa permaneció estable^lx.

Un análisis sobre los casos en Florida que recurren a la ley SYG como su defensa halló “indicios llamativos” de sesgo racial^lxi. Las personas acusadas que invocaban leyes SYG como defensa tenían el doble de probabilidad de recibir una condena por haber matado a una persona blanca que por matar a una persona no blanca^lxii. 

La desinformación siembra las semillas de violencia política

A medida que Estados Unidos lidia con la incertidumbre judicial que generan las leyes sobre posesión y portación de armas luego de la decisión del caso Bruen y a medida que muchos estados siguen desregulando la posesión y portación de armas, el país también debe luchar con nuevas fuentes de vulnerabilidad a la violencia y la intimidación.

Durante dos décadas, ha habido políticos que difunden cada vez más la retórica falsa de fraude electoral, lo cual debilita la confianza de la población en nuestra democracia y restringe el acceso al voto^lxiii. Por otro lado, una tendencia compensatoria de promulgación de leyes que expanden el acceso al voto ha ayudado a construir una democracia más inclusiva en numerosos estados^lxiv. A partir del año 2020, las dos tendencias se han acelerado. 

La pandemia del coronavirus impulsó una rápida expansión de las opciones de votación, en especial, la votación por correo^lxv. Estos cambios hicieron que determinadas personas se conviertan en nuevas víctimas de violencia política, tales como las autoridades y los trabajadores electorales, y se tradujeron en casos de intimidación en los alrededores de los buzones de devolución de boletas y en los centros de conteo de votos. 

Donald Trump aprovechó estos acontecimientos y los utilizó como carne de cañón para una conflagración de desinformación y teorías conspirativas que tenían el objetivo de revocar las elecciones de 2020 y que culminaron con el intento de insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Estas mentiras también dieron inicio a un movimiento de negacionismo electoral que ha provocado una ola de abusos, acosos y amenazas contra votantes, trabajadores electorales y toda la infraestructura electoral. Ha crecido la amenaza de violencia política y se han ampliado las posibles víctimas de esa violencia.

La pandemia de covid-19 aceleró un giro hacia la votación por correo 

En los años anteriores al 2020, la votación por correo se volvió mucho más accesible^lxvi. Dados los riesgos para la salud pública que de repente acarreaba acudir a los sitios de votación para votar en las elecciones generales de 2020, esta tendencia se aceleró con rapidez. El porcentaje de votantes que emitió una boleta de voto por correo aumentó más del doble entre 2016 y 2020^lxvii. Y el porcentaje de votantes que entregó su boleta de voto en un buzón de devolución de boletas subió del 3.4 por ciento en 2016 a un 9.1 por ciento en 2020^lxviii.

Si bien gran parte del electorado volvió a votar en persona para 2022, la votación por correo siguió siendo una opción muchísimo más utilizada que antes de la pandemia^lxix. 

Este giro significativo hacia la votación por correo también afectó cómo y cuándo se contaron los votos, cuándo se declaró al ganador y cómo percibió el público los resultados de las elecciones. Las boletas de voto por correo tardan más tiempo en ser procesadas y computadas. Si bien muchos estados ampliaron el acceso a la votación por correo, no todos modificaron sus procesos de conteo para ajustarse a este cambio. 

Además, muchos aceptaban boletas de voto por correo que llegaban después del día de las elecciones, siempre y cuando se hubieran enviado dentro del período permitido. Y numerosos estados le permitían al electorado corregir errores técnicos en sus boletas de voto por correo, como la falta de firma, después del día de las elecciones.

Debido a estos factores, al número astronómico de boletas de voto enviadas por correo y al estrechísimo margen de victorias electorales en algunos estados pendulares, se tardó más —y en algunos casos, varios días más— para que la prensa pudiera declarar a los ganadores de las elecciones, incluso de la contienda presidencial. 

La ciudadanía en muchas partes del país no estaba acostumbrada a esperar tanto para conocer los resultados de las elecciones. Mientras el país esperaba los resultados que poco a poco iban llegando, los medios de comunicación cubrían las elecciones como siempre, como si fuera una carrera de caballos. A medida que se procesaban y contaban las boletas de voto por correo, esta forma de cubrir la noticia como si fuera una carrera de caballos contribuyó a una narrativa siempre cambiante de quién iba ganando.

La clase política divulga desinformación y provoca violencia 

Antes del día de las elecciones, cuando las encuestas pronosticaban su derrota, el entonces presidente Trump comenzó a sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones pendientes. Alegó falsamente que el aumento en los votos por correo —y, en especial, el uso generalizado de los buzones de devolución de boletas— facilitaban el fraude masivo.

Después de las elecciones, Trump se aprovechó de las demoras en el cómputo de los votos para declarar que las autoridades y trabajadores electorales estaban corrompiendo el conteo. Estas dos alegaciones falsas inspiraron nuevas amenazas de violencia política, no solo en los días y las semanas que siguieron, sino también durante las elecciones de 2022^lxx. 

Las falsas alegaciones de comportamiento ilícito por parte de las autoridades y trabajadores electorales durante el conteo de votos convirtieron a este proceso y a las personas a cargo en víctimas de violencia política. 

A medida que se demoraba el conteo de votos y se intensificaba la campaña de desinformación de Trump, surgieron protestas en varios centros de conteo en algunos estados como Míchigan, Nevada y Arizona^lxxi. Las autoridades electorales se convirtieron en el foco de atención de los medios nacionales y en víctimas de mentiras despiadadas que afirmaban que estas autoridades y, por extensión, todo el proceso de conteo de votos, habían manchado la integridad de las elecciones. 

Este nuevo foco de atención sobre las autoridades gubernamentales que administran las elecciones en nuestro país desató un aluvión de amenazas contra las autoridades y los trabajadores electorales^lxxii.

Una encuesta realizada por el Brennan Center a autoridades electorales de todo el país en 2023 reveló que una de cada tres personas había recibido amenazas, acosos o abusos debido a su puesto de trabajo^lxxiii. Y casi la mitad temía por la seguridad de sus colegas en el futuro^lxxiv. La gran mayoría de las autoridades electorales encuestadas consideraba que las amenazas contra su profesión habían aumentado en los últimos años^lxxv. 

Muchas de estas amenazas lamentablemente frecuentes eran violentas y algunas hasta mencionaban el uso de armas de fuego^lxxvi. Lo que le pasó en 2020 a Al Schmidt, comisionado electoral republicano de Filadelfia, ilustra muy bien el problema.

Cerca de una semana antes de las elecciones, él y sus colegas recibieron un mensaje de voz en el que les decían que ellos eran “la razón por la que tenemos la Segunda Enmienda” ^lxxvii. Y al cabo de las elecciones, mientras se contaban los votos en el Centro de Convenciones de Pensilvania, la policía arrestó a dos hombres armados con “dos pistolas Beretta semiautomáticas cargadas, un rifle semiautomático tipo AR-15 y municiones” después de recibir una denuncia al FBI de que había hombres amenazando el centro de convenciones^lxxviii.

Luego, después de que se anunció la victoria de Biden en Pensilvania y de que Schmidt defendió los resultados, Trump lo denigró en público^lxxix. En las semanas siguientes, Schmidt y su familia recibieron una sarta de amenazas, entre ellas, un mensaje de texto para Schmidt que decía: “Mentiroso. Traidor. Quizá te lleguen 75 cortes y 20 balas muy pronto”^lxxx. La esposa de Schmidt recibió un correo electrónico que decía: “ALBERT RINO SCHMIDT RECIBIRÁ UN DISPARO LETAL” Y “HABRÁ CABEZAS CLAVADAS EN ESTACAS. SCHMIDT TRAIDORES”^lxxxi. 

Las falsas alegaciones divulgadas por Trump y sus aliados, por lo general, les echaban la culpa de su derrota a las ciudades con grandes poblaciones no blancas, como Atlanta, Detroit, Milwaukee, Filadelfia y Phoenix^lxxxii. Como quizá sea de esperar, muchas de las amenazas resultantes recayeron sobre las autoridades electorales de esas jurisdicciones e incluían lenguaje o referencias racistas o antisemitas. 

Quizá el ejemplo más notorio de este tipo de acoso racista inspirado por falsedades manipuladoras es lo que les pasó a Wandrea ArShaye “Shaye” Moss y a su madre, Ruby Freeman, dos trabajadoras electorales negras de Atlanta. 

Rudy Giuliani —abogado personal del presidente Trump— acusó falsamente a Moss y Freeman en una audiencia del Senado estatal de Georgia de pasar dispositivos de memoria USB durante el conteo de votos como si fueran “frasquitos de cocaína”, un estereotipo desagradable que alude a la asociación entre las personas afroamericanas y la venta de drogas. Como luego declaró Moss ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para Investigar el Ataque del 6 de Enero al Capitolio, ella y su madre se convirtieron en víctimas de un acoso constante, que incluyó abundantes mensajes racistas y llenos de odio^lxxxiii. Moss recibió “muchas amenazas en las que me deseaban la muerte y me decían que iba a terminar en la cárcel con mi madre y cosas como ‘Agradece que estamos en el 2020 y no en 1920’”^lxxxiv. 

Hay muchísimos más ejemplos. En el condado de Fulton, Georgia, el jefe de registro Ralph Jones, de raza negra, recibió una amenaza en la que decía que era “un negro” al que había que disparar. También le dijeron que iba a ser arrastrado por un camión hasta la muerte^lxxxv.

La secretaria de la ciudad de Detroit, Janice Winfrey, de raza negra, recibió una denuncia de las autoridades de que un supremacista blanco la estaba amenazando de muerte^lxxxvi. Y en el condado de Broward, Florida, el supervisor de las elecciones Joe Scott, también de raza negra, recibió muchas amenazas con lenguaje racista y despectivo como, por ejemplo, un correo electrónico que decía “Escúchame bien, hijo de p***, 2022, 2024 no serán la misma m***** tercermundista y de república bananera que hicieron ustedes negros en 2020”. Esta amenaza también incluía insultos raciales y llamaban a Scott “infrahumano”^lxxxvii. 

La encuesta del Brennan Center de 2023 descubrió que las autoridades electorales también pueden ser objeto de amenazas según las comunidades a las que atienden. Si bien esta encuesta tuvo una pequeña muestra de autoridades electorales que atienden jurisdicciones en las que una minoría racial es mayoría, sus respuestas señalan diferencias significativas: estas autoridades tenían más probabilidades de denunciar amenazas, acosos o abusos debido a sus puestos de trabajo. También eran más propensas a preocuparse por recibir acosos que otras autoridades electorales locales^lxxxviii. 

Este acoso racista en contra de autoridades electorales es muy preocupante, dado el rol históricamente significativo que han desempeñado los trabajadores electorales no blancos a la hora de proteger el derecho al voto de las personas afroamericanas y defenderlo de cualquier acto de intimidación y violencia.  

En los años que le siguieron a la promulgación de la Ley de Derecho al Voto, la iniciativa de garantizar la representación de la población negra entre las autoridades y trabajadores electorales fue un aspecto importante en los esfuerzos más amplios de garantizar la participación plena e igualitaria del electorado de raza negra^lxxxix. Muchos líderes de la comunidad negra lucharon contra una discriminación desenfrenada y una fuerte obstrucción de trabajadores electorales de raza negra, porque creían que eran los trabajadores negros los que mejor podían asistir al electorado negro y protegerlo de cualquier acto de intimidación^xc. 

Las alegaciones falsas de fraude mediante la votación por correo provocaron un aumento en los actos de intimidación a votantes en los buzones de devolución de boletas e incluso en viviendas privadas.  

Con vistas a las elecciones de 2020, Trump denunció en repetidas ocasiones la votación por correo y el uso de los buzones de devolución de boletas. Alegó falsamente que la votación por correo iba a facilitar el voto de personas no ciudadanas o la emisión de boletas en nombre de personas fallecidas^xci. Tildó a los buzones de devolución de boletas de “un gran fraude” y un “desastre para la seguridad del votante”^xcii.

Trump y sus aliados presentaron una avalancha de demandas judiciales para restringir el uso de la votación por correo en numerosos estados^xciii. En la mayoría de los casos, la justicia no se dejó convencer por las alegaciones de fraude no comprobadas que presentaban estas demandas^xciv. Sin dejarse amedrentar, Trump y sus aliados siguieron realizando estas alegaciones superficiales ante la justicia después del día de las elecciones con el objetivo de anular los resultados^xcv. Estos intentos también fueron rechazados por la justicia^xcvi. 

Pero estas teorías conspirativas siguen vivas en el movimiento negacionista de los resultados electorales con matices siempre violentos y militaristas que continúan perjudicando las elecciones en los Estados Unidos.

Este movimiento está financiado y organizado a nivel nacional. La organización The American Project, fundada por Patrick Byrne, aliado de Trump y fundador de Overstock.com, y Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional, invirtió casi $3 millones para dar apoyo a “activistas a favor de una reforma electoral” en ocho estados en 2022^xcvii. El Conservative Partnership Institute encabezó lo que se ha dado en llamar Election Integrity Network, una red liderada por la abogada Cleta Mitchell, para formar un “ejército voluntario de ciudadanos” que supervisara al electorado y las oficinas electorales^xcviii.

Si bien los líderes de estos movimientos a menudo describen su trabajo como un esfuerzo de promover la integridad electoral, todos asesoraron a Trump durante su intento de subversión de las elecciones^xcix. Sus organizaciones realizaron seminarios y brindaron financiamiento para que varios activistas locales llevaran a cabo supuestas investigaciones de fraude electoral^c. En palabras de Mitchell, “estamos armando un ejército de patriotas; ese es nuestro objetivo”^ci. 

A su vez, otros activistas locales a favor del negacionismo electoral han empleado una variedad de tácticas de intimidación o potencialmente intimidatorias durante las elecciones de 2022. Algunas personas participaron en los esfuerzos tradicionales de supervisar las elecciones, pero mostraron actitudes agresivas, como si quisieran exponer trampas en el sistema^cii. Otras llevaron a cabo actividades de vigilancia agresivas en sitios menos tradicionales.

Del mismo modo que ocurrió en las elecciones de 2020, muchos observadores electorales enojados acudieron a una oficina de conteo de votos en Colorado, golpearon ventanas, les gritaron a los trabajadores electorales o les grabaron videos con sus teléfonos celulares^ciii.

En Arizona —uno de los sitios protagónicos en los que se centra el documental desacreditado 2000 Mules, que propaga teorías conspirativas falsas sobre un fraude electoral masivo mediante el uso de buzones de devolución de boletas—, varios grupos de activistas organizaron “fiestas en las inmediaciones de los buzones de devolución de boletas”^civ. Estas “fiestas” se celebraron a instancias de varios candidatos a elecciones que elogiaban a estos “vigilantes parapoliciales” y les pedían que se colocaran justo fuera de los 75 pies del perímetro de prohibición de actividades de campaña política, según la ley de Arizona.

“El simple hecho de que estén allí vigilando les da un susto terrible”, dijo uno de los candidatos^cv. Algunas personas que acudían a vigilar los buzones de devolución de boletas portaban armas de fuego, vestían equipos tácticos militares y tenían la cara cubierta^cvi.

Estas tácticas intimidatorias se extendieron tanto que llegaron a las viviendas de numerosos votantes. En por lo menos 19 estados, se denunciaron a muchas personas civiles que iban de puerta en puerta “haciendo campaña política” supuestamente con la intención de descubrir casos de fraude electoral^cvii. Estas personas mostraban una conducta intimidatoria: se hacían pasar por autoridades gubernamentales, hacían preguntas indiscretas a votantes, les pedían que firmaran declaraciones juradas y hasta portaban armas^cviii.

En una demanda judicial en contra de uno de estos grupos en Colorado, un hombre declaró que probablemente haya portado un arma de fuego mientras hacía campaña^cix. 

Más violencia armada, tiroteos masivos y extremismo 

A partir de marzo de 2020, se observó un aumento sin precedentes en la venta de armas y en la violencia armada. En concreto, en marzo de 2020, las ventas de armas registraron un aumento del 86 por ciento en comparación con marzo de 2019. En total, la población estadounidense compró unos 22 millones de armas en 2020, un incremento de casi el 65 por ciento con respecto a las ventas del año anterior^cx. En los dos años siguientes, se compraron más de 42 millones de armas^cxi.

Las tasas nacionales de homicidio a causa de un arma de fuego aumentaron un 35 por ciento entre 2019 y 2020^cxii. En comparación con los promedios históricos, entre el 1 marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, se observó un crecimiento del 15 por ciento en los incidentes relacionados con el uso de armas de fuego, del 34 por ciento en las lesiones no letales a causa de un arma y del 28 por ciento en las muertes causadas por armas de fuego^cxiii. 

Tanto las tasas de suicidio como las de homicidio por armas de fuego habían estado incrementando desde 2015, pero la pandemia de Covid-19 y las protestas en contra de los asesinatos de varios hombres afroamericanos desarmados, junto con la desregulación de las armas y la inestabilidad democrática ya mencionada, seguramente contribuyeron a que el año 2021 haya sido el peor de la historia en cuanto a la cantidad de muertes causadas por armas de fuego. El 2021 tuvo la terrible cifra de 48,830 muertes, un aumento del 8 por ciento con respecto al 2020, que ya en sí había sido un año récord^cxiv.

Los tiroteos masivos también van en aumento. El número de tiroteos masivos —en el que hay, como mínimo, cuatro personas heridas o muertas— ha aumentado todos los años, por lo menos desde el 2013. Y la tendencia continúa: en lo que va de este año (al 20 de julio de 2023), ha habido más tiroteos masivos (420) que para la misma época de cualquier año desde, por lo menos, 2013^cxv.

El debilitamiento de las leyes de regulación de armas en decenas de estados, el aumento en las compras de armas y el incremento en las muertes a causa de armas de fuego se han combinado con un preocupante crecimiento en los actos de intimidación y violencia política armada, comportamientos que se han vuelto no solo más frecuentes sino también más descarados y peligrosos.

Durante los últimos diez años, los grupos extremistas internos han empleado armas de fuego con muchísima más frecuencia que cualquier otro tipo de arma en asesinatos masivos^cxvi. 

Como lo demostró la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021, algunas personas están dispuestas a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos políticos. Un estudio efectuado por el Centro de Investigación de Políticas sobre Violencia de la Universidad de California en Davis reveló que 12.4 millones de estadounidenses estarían bastante, muy o completamente dispuestos a matar a una persona en una situación donde piensen que se justifica el uso de la fuerza o la violencia para conseguir un objetivo político importante^cxvii.

El mismo estudio indicó que más de 47.7 millones de personas en los Estados Unidos, incluso aquellas que no poseen armas, creen que es bastante, muy o extremadamente probable que lleven un arma en los próximos años en una situación donde piensen que se justifica el uso de la fuerza o la violencia para conseguir un objetivo político importante^cxviii.

Esta mayor presencia de extremistas, armas y violencia en los espacios públicos ha tenido un efecto claramente desalentador sobre la voluntad del público de ejercer sus derechos concedidos por la Primera Enmienda. Si bien la mayoría de las reuniones públicas en los Estados Unidos siguen siendo pacíficas, algunas sí se vuelven violentas o destructivas y, entre ellas, en un 10 por ciento hay personas armadas implicadas^cxix.

La gente es menos proclive a participar en una protesta, expresar su opinión en una protesta mediante pancartas o gritos o llevar a sus niños a una protesta si hay armas presentes^cxx. 

En 2022, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE) llevó a cabo una encuesta sobre los efectos de la retórica política extremista, sus actividades y la proliferación de armas en los espacios públicos. Reveló que menos de la mitad de todas las personas encuestadas —tan solo el 41 por ciento— se sienten seguras en los sitios de votación. Este porcentaje fue aún menor entre las personas hispanas encuestadas (37 por ciento), de raza negra (28 por ciento) y de entre 18 y 25 años de edad (26 por ciento).

Cuatro de cada diez personas dijeron sentirse nerviosas por participar en marchas o actos políticos; y el 35 por ciento sentía nervios hasta por colocar pancartas en su jardín o ventana en apoyo a un determinado candidato.

La intimidación de votantes, la supresión del voto y el acoso al electorado fueron todos “motivos serios de preocupación” para el 27 por ciento de las personas encuestadas. Y esta cifra es todavía mayor entre personas que desde siempre han sufrido acosos o se les ha privado el derecho al voto: el 37 por ciento de las personas hispanas y el 45 por ciento de las personas de raza negra.

Casi una de cada tres personas (32 por ciento) dijeron estar muy preocupadas de que ocurra un ataque violento o tiroteo el día de las elecciones, y el mismo porcentaje dijo estar muy preocupado por la posibilidad de que haya personas armadas en los sitios de votación el día de las elecciones^cxxi.  

Los estados deben tomar medidas para proteger la votación de cualquier acto de violencia e intimidación

De cara a una creciente ola de violencia armada, nuevas amenazas de violencia política y la incertidumbre sobre la capacidad de los estados de regular la posesión y portación de armas de fuego, las legislaturas estatales y las autoridades estatales y locales deben promulgar políticas que protejan expresamente al electorado y eliminen las amenazas de intimidación armada en los sitios de votación y en otros espacios de administración electoral, como los buzones de devolución de boletas y los centros de conteo de votos. 

Las leyes que regulan la portación de armas en los sitios de votación y previenen la intimidación de votantes son constitucionales, y casi seguro serán confirmadas por los tribunales de justicia. Pero solo unos pocos estados cuentan con este tipo de leyes

Las leyes de la mayoría de los estados son insuficientes para prevenir la intimidación, la interferencia electoral o las tragedias. A continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas para mejorar las regulaciones estatales sobre la posesión y portación de armas y proteger nuestras elecciones.  

Prohibir todo tipo de armas en el interior y las inmediaciones de los sitios donde se desarrollan las elecciones

Los estados deberían prohibir por completo la portación de armas de fuego, incluso la portación oculta, en el interior y las inmediaciones de todos los sitios de votación —incluso donde haya buzones de devolución de boletas—, de conteo de votos y de administración electoral.

La prohibición de armas en los sitios de votación fue enumerada específicamente por la Corte Suprema en el caso Bruen como presuntamente constitucional.

Si bien varias leyes estatales ya han sido anuladas o ya no son aplicadas por orden de tribunales inferiores de conformidad con la nueva prueba de historia y tradición dispuesta en la causa Bruen, no se ha confirmado ninguna disputa en contra de la prohibición de portar armas en los sitios sensibles enumerados específicamente en las causas Heller y Bruen (es decir, asambleas legislativas, sitios de votación, tribunales de justicia, escuelas y otros edificios gubernamentales)^cxxii. 

Si bien el caso Bruen tiene amplias repercusiones sobre la jurisprudencia de la Segunda Enmienda, su efecto inmediato, como se señaló antes, fue el de anular el requisito de un “motivo justificado” en las leyes de portación oculta de California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, DC. Estas jurisdicciones tienen regulaciones relativamente estrictas sobre la posesión y portación de armas, comparadas con el resto del país. Pero solo dos —California y Washington, DC— prohibían las armas en los sitios de votación al momento en que se dictó el caso Bruen.  

Por lo general, los estados con fuertes leyes que definen quiénes pueden portar armas en público tienen menos restricciones sobre los sitios donde se las puede portar. Pasa lo mismo en sentido contrario: los estados con menos restricciones sobre quiénes pueden portar armas colocan más restricciones sobre dónde se las puede portar. La decisión del caso Bruen obligó a los estados con fuertes requisitos de elegibilidad a atenuar esas leyes; entonces, tuvieron que responder con más legislación para ampliar las restricciones sobre los sitios. 

Al poco tiempo de esta decisión judicial, Nueva York promulgó una ley que prohíbe la portación de armas en una gran variedad de “sitios sensibles”, como los sitios de votación, las escuelas, los restaurantes, los hospitales y los centros de entretenimiento”^cxxiii. Esta ley ha sido disputada, pero sigue vigente mientras el litigio continúa su curso en los tribunales inferiores^cxxiv.

Del mismo modo, Hawái, Maryland y Nueva Jersey aprobaron amplias restricciones de portación de armas en sitios sensibles luego de la decisión judicial. Se prevé que California y Massachusetts también aprueben leyes parecidas en lo que queda del 2023^cxxv. 

Sin embargo, como lo muestra la tabla 1, la mayoría de los estados aún no tienen amplias restricciones de armas en sitios donde se ejercen derechos democráticos ni, concretamente, en sitios donde se emiten y cuentan votos y donde se administran las elecciones.

La mayoría de los estados no prohíben las armas donde se llevan a cabo la votación y otras actividades electorales.  

Solo 12 estados y Washington, DC, prohíben la portación oculta y a la vista en general en los sitios de votación^cxxvi. Y aún menos estados regulan la portación de armas en otros sitios sensibles relacionados con las elecciones, como los buzones de devolución de boletas y los centros de procesamiento de boletas.  

• Otros siete estados imponen algunas restricciones específicamente sobre la portación de armas en los sitios de votación. Por ejemplo, Colorado y Washington prohíben la portación de armas a la vista en los sitios de votación, pero permiten la portación oculta^cxxvii. Del mismo modo, Missouri y Nebraska prohíben la portación oculta en los sitios de votación, pero no tienen ninguna ley que prohíba la portación a la vista^cxxviii. Mississippi prohíbe la portación de armas cortas en general en sitios de votación, pero quedan exentas las personas que tienen permisos especiales^cxxix. En Ohio, solo los observadores electorales tienen prohibido portar armas en los sitios de votación^cxxx. Y si bien Carolina del Sur prohíbe la portación oculta y a la vista de armas cortas, no cuenta con ninguna ley que prohíba la portación a la vista de armas largas en los sitios de votación^cxxxi. 

• Otros dos estados, Connecticut (a partir del 1 de octubre de 2023) e Illinois, prohíben portar armas a la vista en público en general, incluso en los sitios de votación, pero no prohíben la portación oculta^cxxxii. 

• De los 34 estados que no prohíben la portación a la vista en los sitios de votación^cxxxiii, 33 no regulan los fusiles de asalto de tipo militar^cxxxiv. Dicho de otro modo, 33 estados no tienen ninguna ley que prohíba específicamente llevar a la vista un fusil de asalto tipo AR-15 en un sitio de votación.

• Al mes de junio de 2023, solo dos estados, Colorado y Hawái, habían prohibido expresamente la portación de armas de fuego en sitios donde haya buzones de devolución de boletas o en sus inmediaciones, y Arizona también parece estar aplicando su “perímetro de 75 pies” alrededor de los buzones de devolución de boletas^cxxxv. 

• Solo cinco estados han ampliado de manera explícita sus prohibiciones para incluir los sitios donde se cuentan votos^cxxxvi.

La mayoría de los estados implementan muy pocas restricciones sobre la portación de armas en público en general. 

Los estados que no cuentan con prohibiciones sobre la portación de armas en los sitios de votación pueden igualmente reducir la probabilidad de que se porten armas en estos sitios si implementan restricciones más generales sobre la portación de armas. De hecho, si bien los acontecimientos del 6 de enero de 2021 sean quizá el mejor ejemplo del mayor riesgo que acarrea la violencia política, también demuestran cómo una fuerte restricción sobre la portación de armas en público puede prevenir la violencia.

Aunque varios participantes del ataque sí llevaban armas de fuego, algunos organizadores del ataque luego declararon que las estrictas leyes sobre portación de armas de Washington, DC, los desalentó a llevar un arsenal mucho más grande, que tenían escondido fuera de los límites de la ciudad en Virginia^cxxxvii. Sin embargo, a pesar de la evidente efectividad de las leyes sobre la portación de armas de Washington, DC, durante la insurrección del 6 de enero, la mayoría de los estados hoy en día implementan muy pocas restricciones, o ninguna, sobre la portación de armas a la vista en público, y la mayoría permite la portación oculta sin permiso. 

Son 44 los estados, donde viven más de 220 millones de personas, que no prohíben la portación de armas de fuego a la vista^cxxxviii.

• Solo cuatro estados (California, Connecticut, Florida e Illinois) y Washington, DC, prohíben la portación a la vista de todo tipo de armas de fuego en público^cxxxix.
• Otros dos estados, Nueva York y Nueva Jersey, prohíben la portación a la vista de armas cortas en público, pero no de armas largas.
• Seis estados no prohíben la portación a la vista, pero sí exigen un permiso o una licencia para portar a la vista un arma corta (Indiana revocó su ley en 2022 cuando el estado aprobó la portación sin permiso)^cxl.
• Seis estados regulan en cierto modo, pero no prohíben la portación a la vista de armas largas^cxli. 

Son 23 estados los que exigen en general un permiso estatal para portar armas ocultas en público. Los otros 27 estados permiten la portación oculta en la mayoría de los espacios públicos sin ningún permiso, verificación de antecedentes penales ni entrenamiento^cxlii. 

El fuerte apoyo del público a favor de la regulación de armas en los sitios de votación es esperanzador. 

Si bien la normativa legal actual es preocupante, es posible realizar avances desde el punto de vista político y hasta pueden concretarse en el futuro cercano. La encuesta del proyecto GPAHE reveló que el 63 por ciento de las personas encuestadas se mostraba a favor de las prohibiciones de armas en los sitios de votación.

Si bien el apoyo entre demócratas, como era de esperar, fue alto (80 por ciento), más del 50 por ciento de personas republicanas e independientes también indicaron su apoyo a favor de este tipo de prohibiciones. Y lo que es más importante, el 62 por ciento de personas que poseen armas apoya esta prohibición, mientras que tan solo el 22 por ciento se opone^cxliii.

Una encuesta que realizó el Brennan Center entre personas blancas ciudadanas en edad de votar también manifestó resultados similares. La enorme mayoría (74 por ciento) estaba de acuerdo ya sea en parte o completamente en que debía haber alguna prohibición de portar armas de fuego en sitios sensibles como los sitios de votación.

Lo mismo indicó la supermayoría de personas que poseían armas (68 por ciento) y otras personas que consideraban que el derecho de poseer y portar un arma es “muy importante” (67 por ciento). Más del 60 por ciento de las personas republicanas encuestadas (e independientes con tendencia republicana) y personas que se identificaron como conservadoras también consideró importante prohibir la portación de armas en los sitios de votación^cxliv. 

Las políticas estatales sobre este tipo de prohibición en los sitios de votación tampoco parecen estar dictadas por el partidismo, lo cual es algo raro en el campo de la regulación de armas. Varios estados de mayoría conservadora que, por lo general, se oponen a una estricta regulación de la posesión y portación de armas —Arizona, Florida, Georgia, Luisiana y Texas— prohíben tanto la portación oculta como a la vista en los sitios de votación. Y si bien es posible que algunas de estas prohibiciones provengan de una era política distinta, han permanecido casi sin modificaciones durante la última ola de desregulación mayormente partidista. 

Si bien todavía hay un largo trecho por recorrer, las cosas parecen estar cambiando en los últimos años.

Cada vez más estados están prestando atención a las demandas del electorado y han promulgado leyes preventivas que restringen la portación de armas en ciertos lugares sensibles para el ejercicio de la democracia.

En 2021, Oregón, Virginia y Washington prohibieron la portación de algunas o todo tipo de armas en los edificios gubernamentales estatales y sus inmediaciones. Virginia también prohibió la portación de armas en edificios y oficinas estatales donde trabajan con regularidad empleados estatales^cxlv.

En 2022, Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Washington prohibieron la portación de algunas o todo tipo de armas en ciertos lugares sensibles, como sitios de votación, sitios donde se celebran juntas de consejos escolares, manifestaciones y sitios donde se computan votos^cxlvi.

En 2023, Delaware, Hawái y Maryland prohibieron la portación de armas en sitios de votación, manifestaciones, edificios gubernamentales y escuelas^cxlvii. La ley de Colorado también prohíbe explícitamente la portación a la vista de armas en un radio de 100 pies alrededor de buzones de devolución de boletas, y la de Hawái lo prohíbe en las áreas de estacionamiento adyacentes. En Nueva Jersey y Maryland, la ley también protege a los trabajadores electorales, porque prohíbe la portación de armas de fuego en cualquier sitio utilizado para almacenar o computar boletas^cxlviii. 

Míchigan y Massachusetts tienen leyes pendientes de aprobación que prohibirían la portación de armas en sitios de votación o de conteo de boletas^cxlix. Un proyecto de ley parecido en Nevada fue vetado por el gobernador del estado^cl.

En 2022 y 2023, seis de los estados que aprobaron leyes para prohibir la portación de armas en los sitios de votación lo hicieron como respuesta directa a varias amenazas de intimidación armada durante las elecciones de 2020 o como respuesta a la decisión del caso Bruen. 

Reforzar las leyes contra la intimidación 

Además de prohibir las armas en todo sitio donde se llevan a cabo actividades electorales o de votación protegidas, los estados pueden reforzar las leyes contra la intimidación de votantes. Como ya se señaló, del mismo modo que han crecido la disponibilidad y popularidad de la votación por correo, también ha crecido el uso de armas para intimidar a votantes en las inmediaciones de los buzones de devolución de boletas y a las autoridades electorales en sitios donde se cuentan votos^cli.  

La Corte Suprema fue muy clara en la causa Bruen cuando declaró que la prohibición de armas de fuego en los sitios de votación es constitucional. La Corte se basó en el supuesto ya establecido desde hace siglos de que la mera portación de armas de fuego en determinadas circunstancias puede constituir un acto de intimidación ilícito^clii. Por lo tanto, del razonamiento del caso Bruen se desprende la conclusión lógica y constitucionalmente válida de que los estados pueden prohibir la portación de armas en todo sitio donde se lleven a cabo actividades de votación protegidas, incluso en las inmediaciones de los buzones de devolución de boletas o en sitios donde se computan los votos. 

En la actualidad, la ley federal y las leyes de los 50 estados ya prohíben la intimidación de votantes^cliii. Y muchos estados penalizan el uso de armas de fuego para intimidar en cualquier contexto^cliv. Sin embargo, ninguna ley estatal ni federal que prohíbe la intimidación de votantes reconoce expresamente que la mera presencia de un arma de fuego puede constituir un acto de intimidación^clv.

Los estados deben subsanar este vacío y mencionar explícitamente los efectos intimidantes que acarrea la portación de un arma de fuego. 

Cabe aclarar que las actuales prohibiciones legales federales contra la intimidación de votantes y de toda persona que asiste al electorado están escritas en términos generales. Si bien nunca mencionan explícitamente las armas de fuego, sí prohíben actos de intimidación que incluyan armas de fuego. 

La Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto de 1965 prohíbe, en términos generales, la intimidación de cualquier persona por “votar o intentar votar” o por “alentar o asistir a otra persona a votar o intentar votar”^clvi. A diferencia de sus predecesoras^clvii, esta disposición prohíbe todo comportamiento que intimide, más allá de que haya tenido o no la intención de provocar ese efecto^clviii.

En cierto modo, la fuerza de la Sección 11(b) se basa en sus términos generales. En lugar de enumerar cada comportamiento que sea intimidante, la ley prohíbe cualquier comportamiento que intimide, lo cual brinda la flexibilidad de proteger al electorado, aun cuando cambien las tendencias de votación e intimidación.

En 2022, este lenguaje general demostró ser efectivo en el condado de Maricopa, Arizona, donde un grupo de civiles armados que estaban vigilando los buzones de devolución de boletas intimidaron a varios votantes^clix. Una organización presentó una demanda de conformidad con la Sección 11(b) en nombre de esos votantes intimidados y obtuvo una orden de restricción temporal de un tribunal federal que, entre otras cosas, le prohibió a la parte demandada “portar armas de fuego a la vista en un perímetro de 250 pies alrededor de un buzón de devolución de boletas”^clx. 

Sin embargo, contar con una mención explícita a las armas de fuego en las leyes contra la intimidación de votantes podría hacer estas prohibiciones aún más efectivas, porque desalentaría la intimidación armada antes de que ocurriera. En respuesta a las primeras denuncias de personas que vigilaban buzones de devolución de boletas mientras portaban armas, vestían equipos militares tácticos y tenían la cara tapada, la oficina del sheriff del condado de Maricopa envió al lugar un grupo de oficiales. La oficina del sheriff confirmó que algunos de los observadores esa noche estaban armados, pero luego publicó una declaración en la que se explicaba que “un grupo de oficiales respondió y pudo determinar que las personas no estaban incumpliendo ninguna ley y que se encontraban a más de 75 pies de los buzones de devolución de boletas, como lo exige la ley”^clxi.

Dicho de otro modo, la oficina insinuó que estas personas armadas no habían incumplido ninguna ley porque estaban fuera del perímetro de los 75 pies donde se prohíbe cualquier actividad de campaña política cerca de un sitio de votación, según la ley de Arizona. 

Las grabaciones de video de las cámaras corporales de los oficiales de esa noche muestran cómo, enseguida que se fueron las personas armadas, los oficiales medían la distancia para confirmar que los observadores que habían quedado en el sitio estaban fuera del perímetro de los 75 pies de distancia de los buzones de devolución de boletas^clxii. Uno de los oficiales luego les informó a los observadores que aún se podía incumplir la ley contra la intimidación u obstaculización de votantes fuera del perímetro reglamentario y señaló que llevar equipos militares tácticos podía ser intimidante. Pero dijo que la ley era “muy vaga, dice ‘obstaculizar la votación’” y agregó que iba a pedir aclaración sobre lo que eso realmente significaba^clxiii.

Si la ley de Arizona hubiera dejado claro que portar armas de fuego a la vista mientras se observa un sitio de votación era presuntamente intimidante, es posible que las personas que creen en teorías conspirativas en torno a las elecciones ni siquiera se habrían animado a patrullar los buzones de devolución de boletas con armas de fuego. Y la policía no habría tenido ninguna duda sobre la correcta interpretación de la ley. No habrían publicado una declaración que se prestaba a la malinterpretación de que la portación de armas de fuego fuera del perímetro reglamentario de los 75 pies es lícita por definición. 

Los estados deberían utilizar el lenguaje general de la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto como modelo para sus leyes contra la intimidación de votantes y también deberían ampliar ese modelo. 

Los estados deberían adoptar los siguientes elementos cruciales de la Sección 11(b), que brindan las protecciones amplias y flexibles necesarias con las que cualquier demanda civil pueda impedir que la intimidación armada obstaculice las elecciones: 

• una prohibición general contra cualquier comportamiento que intimide, más allá de su intención^clxiv; 
• protecciones para el electorado y toda persona que aliente o asista a otra a votar; 
• una definición amplia del término “votación”, que incluya toda actividad necesaria para registrarse, emitir un voto y contarlo^clxv; 
• el derecho privado de acción judicial que le permita a cualquier persona que se viera afectada por algún acto de intimidación presentar una demanda de reparación e indemnización de costos de abogados; y 
• el poder de aplicación de la ley para la fiscalía estatal. 

Los estados deberían complementar estos elementos con las siguientes protecciones adicionales: 

• un reconocimiento explícito de que las autoridades y trabajadores electorales están amparados por las protecciones con la que cuenta toda persona que alienta o asiste a otra a votar y que la administración electoral, que incluye también el conteo, el escrutinio y la certificación de votos, son actividades protegidas; 
• la suposición de que es intimidante portar un arma de fuego a la vista mientras se interactúa con una persona que está realizando alguna de las actividades protegidas o mientras se la observa, con lo cual la persona que porta el arma debe probar lo contrario en un juicio ante la justicia; 
• la flexibilidad explícita para que los tribunales de justicia puedan incluir en sus órdenes judiciales prohibiciones o restricciones sobre la portación de armas de fuego que no solo sean los límites de perímetros reglamentarios; y 
• el poder de aplicación de la ley para las autoridades electorales que les permita presentar demandas judiciales contra actos de intimidación que hayan ocurrido en sus jurisdicciones y actos de intimidación de personas que son elegibles para votar en sus jurisdicciones.

Conclusión

Las elecciones en los Estados Unidos durante el siglo XXI se han desarrollado, en su enorme mayoría, de forma pacífica. Pero el país enfrenta desafíos sin precedentes, como un aumento agresivo en el negacionismo electoral y la violencia política.

Estas nuevas amenazas surgen en un contexto de rápida desregulación de armas en inmensas regiones del país, donde es más probable que se arraiguen. Combinados con la extraordinaria ampliación de los derechos de la Segunda Enmienda por parte de la Corte Suprema, estos acontecimientos crean un mayor riesgo de violencia armada durante nuestras elecciones.

A pesar de este riesgo, no hay ninguna ley federal que prohíba la posesión de armas de fuego en los sitios de votación ni en otros sitios donde se llevan a cabo procesos electorales, con lo cual se hace imprescindible que los estados implementan esta política. Sin embargo, las leyes de la mayoría de los estados tampoco cuentan con estas prohibiciones.

Los estados deben subsanar este vacío y promulgar leyes que prohíban las armas en los sitios de votación, buzones de devolución de boletas, oficinas de administración electoral y sitios de conteo de boletas para combatir cualquier intento de debilitar la democracia en los Estados Unidos. Los estados también deben reforzar sus leyes contra la intimidación para hacerles frente a las amenazas actuales como corresponde. 

Ver las notas al pie en inglés aquí. 

Este informe fue revisado el 28 de septiembre de 2023 para incluir a Washington entre los estados que prohiben portación de armas a la vista en los sitios de votación. 

Traducción de Ana Lis Salotti.